El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) acumuló un déficit de US$ 339 millones entre enero y junio de 2026, el monto más alto para un primer semestre desde la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) en 2008. Según cifras solicitadas por El País al Banco de Previsión Social (BPS), el resultado negativo fue de $ 13.422 millones, equivalentes a US$ 338.758.852 al tipo de cambio promedio semestral. Los egresos alcanzaron los $ 79.491 millones (US$ 2.006 millones), mientras que los ingresos sumaron $ 66.069 millones (US$ 1.667 millones). La diferencia es cubierta por Rentas Generales, que se nutre del pago general de impuestos.
El déficit del primer semestre de 2026 superó al de los mismos períodos de años anteriores. En 2025 había sido de US$ 329 millones, en 2024 de US$ 255 millones, en 2023 de US$ 281 millones, en 2022 de US$ 210 millones, en 2021 de US$ 230 millones, en 2020 de US$ 205 millones y en 2019 de US$ 178 millones. El mayor salto entre 2019 y 2026 ocurrió entre 2022 y 2023, con un incremento del 33,62%. El Fonasa cuenta con 2.670.989 usuarios, el 70% del total de afiliaciones a prestadores, distribuidos en mutualistas (1.977.150), ASSE (598.247) y seguros (95.592). El sistema se financia con aportes de trabajadores, jubilados y patronales, que van del 3% al 8% según ingresos y conformación familiar, más un 5% patronal y un complemento cuando corresponda.
El incremento del déficit en la última década se explica en parte por el ingreso de jubilados y pensionistas al sistema entre 2011 y 2016 mediante la Ley 18.731, cuyos aportes no siempre cubren la cápita debido al tope de las jubilaciones. Así, el déficit anual pasó de unos US$ 377 millones hace una década a US$ 946 millones en 2025. Para 2026, el déficit semestral ya supera el récord anual previo. En paralelo, el BPS informó que la devolución de aportes al Fonasa de 2025 para unas 152.000 personas será de $ 8.676 millones (US$ 211 millones), superior a las devoluciones de 2024, 2023 y 2022. A partir de 2027, un cambio en el costo promedio equivalente (CPE) reducirá las devoluciones entre US$ 70 y US$ 80 millones anuales, lo que implicará que entre 60.000 y 70.000 personas dejen de percibirla y unas 85.000 reciban un monto menor.
(Fuente El País)